A finales de la década de los setentas, motivado por la presión de los movimientos estudiantiles de secundaria, las autoridades de Educación de la época –en los albores del conflicto armado salvadoreño– tomaron la decisión de suprimir los entonces llamados “privados” como requisito para obtener el título de Bachiller. Los “privados” por muchos años constituyeron la prueba nacional de medición de los aprendizajes, mediante los cuales se exploraba la formación general y la formación vocacional de los egresados de educación media. Sin mayor razonamiento técnico, en un afán populista por satisfacer las demandas del Movimiento de Estudiantes Revolucionarios de Secundaria (MERS), el Ministerio de Educación, resuelve dejar sin efecto dicho requisito para graduarse de Bachiller.
Con la aprobación de la Ley General de Educación en 1996, en su artículo 57, por fortuna se establece para el MINED la obligatoriedad de realizar pruebas nacionales de logros de aprendizaje, originalmente solo con fines diagnósticos, pero posteriormente –mediante reformas introducidas a la Ley– con propósitos de promoción escolar.
La Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media, conocida como PAES, tiene justamente la importancia de brindar información sobre el aprendizaje de los alumnos que egresan del sistema educativo, pero no solo eso, es importante porque además permite analizar otros temas relacionados con el aprendizaje: la gestión escolar, la administración del currículo, el trabajo docente, los recursos educativos y el entorno escolar.
Los cuestionamientos originalmente hechos a la PAES por las actuales autoridades de Educación apuntaban a una nueva eliminación de este importante referente –y quizás el único por hoy– del producto principal de la educación, como es el aprendizaje de los alumnos. Por fortuna parece ser que la postura oficial por ahora es más prudente y le apuesta a la introducción de mejoras al referido instrumento de evaluación.
El ciclo técnico de evaluación de los aprendizajes no concluye con la aplicación de la PAES y la comunicación de resultados, debe traducirse en medidas concretas a adoptarse por los diferentes actores educativos: alumnos, familia, maestros, directores y el mismo Ministerio de Educación, mediante la generación de políticas públicas.
Si bien la PAES ofrece a los padres de familia, y a la sociedad en general, información importante sobre los centros educativos, tanto públicos como privados, el propósito de ésta no es establecer un ranking o concurso entre instituciones, sino mas bien que cada colegio o instituto analice la información particular del aprendizaje de sus alumnos, y con base en ello, establezca acciones correctivas o de mejora.
Si la decisión de las autoridades de Educación es hacer ajustes a la PAES, ello debe hacerse con responsabilidad, criterio técnico y visión integral. No es sano estar haciendo modificaciones cada año (“parches”), pues además de generar confusión en los diferentes actores educativos, se le restará criterio de comparabilidad histórica a los resultados de aprendizaje, que es uno de los propósitos de las pruebas nacionales, a fin de valorar el progreso del sistema educativo.
Finalmente, como lo señala el Programa de Reformas Educativas para América Latina y El Caribe (PREAL-UNESCO), los Estados deben comenzar a poner atención al producto principal de los sistemas educativos: el aprendizaje de los alumnos, para lo cual es importante contar con pruebas de aprendiza robustas, validas y confiables, que sean capaces de influir en las políticas educativas.
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