Verdaderas escuelas inclusivas

Hasta los años setenta casi toda la oferta educativa era pública, la educación privada se limitaba a unos pocos colegios, todos ubicados en la capital o en algunas ciudades importante del país. El hijo o la hija del médico, del profesor, del empresario, del comerciante, del agricultor, del obrero, compartían la misma escuela, la misma aula, los mismos maestros, el mismo currículo, los mismos espacios de recreación. Eran verdaderas escuelas inclusivas y democráticas, sin prejuicios ni exclusiones de ninguna naturaleza. Los “deberes” eran realizados al final de la tarde, seleccionando la elegante casa del hijo del médico, o bien el humilde hogar del hijo del agricultor, eso era lo de menos, había un clima de respeto a la dignidad humana que invisibilizaba cualquier atributo de carácter social o económico. 

La escuela pública cumplía el cometido de crear un espacio de inclusión en el que niños y jóvenes, cualquiera que fuese su origen socioeconómico, podían ser partícipes de una convivencia sana, pacífica e igualitaria. Este esfuerzo de inclusión de la escuela pública era apoyado por la familia y la comunidad. Los padres de familia brindaban cantidad y calidad de tiempo a sus hijos, apoyándoles en el refuerzo de las habilidades escolares, pero también en su desarrollo emocional y físico. 

La comunidad, de igual manera, desarrollaba una importante labor educativa, al contrarrestar conductas insanas, haciendo oportunas críticas y aplicando medidas correctivas hacia niños y jóvenes que se apartaban de las buenas costumbres y la vida sana. Estas críticas y correctivos permitían tener a los jóvenes dentro de los márgenes de un comportamiento socialmente aceptado. Todo esto en su conjunto generaba las mejores condiciones para que los niños y niñas fueran exitosos en la escuela y en la vida. El mérito de estos centros educativos –mediante la generación de espacios en el que convergían todos los niños y jóvenes sin discriminación de ninguna índole– era que a través de esa cotidianidad se construía una convivencia sana en la que todos eran aceptados sin exclusiones, con respecto y tolerancia a la diversidad, contribuyendo así a la construcción de una sociedad integradora y de similares oportunidades para todos. 

Nuestras escuelas volverán a ser inclusivas cuando a ella acudan de manera igualitaria todos los niños y jóvenes de la comunidad. Para que ello ocurra, la escuela pública salvadoreña debe recobrar atractivo para los segmentos medios de la sociedad, que por hoy envían a sus hijos al sistema privado. Se requieren escuelas más seguras, un profesorado competente y comprometido con la función de educar, mejores ambientes de aprendizaje, una oferta curricular ampliada que abarque las áreas intelectual, deportiva, cultural y artística. En fin, se requiere un esfuerzo genuino encaminado a que la educación pública recobre la calidad que nuestros niños y jóvenes merecen; es decir, escuelas inclusivas y democráticas capaces de hacer realidad la aspiración constitucional de construir –a través del sistema educativo– una sociedad democrática, más próspera, más justa y más humana.

Sin lugar a dudas, una tarea impostergable del sistema educativo salvadoreño debe ser recobrar las escuelas inclusivas y democráticas, para ello requiere recuperar el concepto de “comunidades educativas”, en tanto conglomerados sociales, heterogéneos, diversos, abiertos y con espacio para todos. Más educación y de mejor calidad, para el mayor número de personas, debe ser la apuesta para lograr verdaderas escuelas inclusivas.